15 años cumplió el pasado mes de julio el Sistema de Transporte Masivo (SITM)-Transmetro en Barranquilla, logrando durante ese tiempo, recorrer más de 155 millones de kilómetros y registrando más de 429 millones de usos.

Sin embargo, una reciente investigación para la Maestría en Gobierno Urbano, reveló una realidad oculta que no lo deja bien parado: este sistema, lejos de conectar a todos sus ciudadanos, reproduce una serie de "violencias invisibles" que limitan a las comunidades vulnerables a la hora de habitar su propio territorio.

De acuerdo con los resultados, las falencias en la cobertura, "como es el caso de la inaccesibilidad de grupos vulnerables como personas con discapacidad; los efectos de la inseguridad y el miedo que limitan las rutas y paraderos operativos, así como la segregación socioespacial por lugares a los que no llega el servicio, como Puerto Colombia, Galapa o Malambo (esta última anunciada recientemente)", recoge la publicación.

Para la investigadora Susana Lucía Manotas Llanos, esa variedad de sucesos constituye violencias invisibilizadas, ya que la presencia simultánea de violencia simbólica, estructural, psicológica y física es latente. 

“Cuando un servicio público no se garantiza en condiciones óptimas en todo el territorio, transmite el mensaje de que hay zonas y personas que no merecen la misma garantía de derechos. No se trata solo de un bus que no transite por una zona, sino de un sistema que determina quién puede y quién no puede habitar plenamente su ciudad”, asegura Manotas.

Recorriendo la ciudad

Para poder desarrollar la investigación, Manotas "combinó la etnografía móvil –observación de la experiencia de viaje de los usuarios- junto con encuestas y entrevistas a usuarios de diversas edades, identidades de género y condiciones socioeconómicas, lo que permitió evidenciar cómo prácticas normalizadas refuerzan obstáculos financieros, físicos y organizacionales para los usuarios".

Ejemplo de ello, y lo cual este medio pudo constatar, es que en "algunas rutas alimentadoras no hay vehículos adaptados para personas en silla de ruedas, lo que obliga a estos usuarios a ajustar toda su rutina al único horario en que pasa un bus accesible".

Lo más grave, indica la autora, es que aunque "existen normas que obligan a garantizar movilidad inclusiva, su cumplimiento es desigual y fragmentado, sobre el numeral 6 del artículo 15 de la Ley 1618 de 2013 el cual establece que las personas con discapacidad tienen derecho al uso efectivo de todos los sistemas de transporte".

La investigación también pone en evidencia los barrios de Barranquilla en donde el transporte formal no llega. "Los residentes deben pagar más por transporte informal bicitaxis o mototaxis, lo que representa una carga económica adicional. Uno de los participantes, estudiante universitario, relató que en varias ocasiones el bus pasó de largo frente a la parada de su barrio. 'Entiendo que la zona es señalada como peligrosa, pero yo solo necesito llegar a clase. Que no paren es como decirme que mi barrio no cuenta'”, comentó durante la entrevista realizada para el informe.

Para Susana Manotas, estas prácticas refuerzan la segregación socioespacial al restringir el acceso a servicios, educación y empleo para ciertos sectores, advirtiendo que la planificación debe contemplar factores sociales para evitar la exclusión sistemática.

“No se trata solo de trasladar personas de un lugar a otro; el transporte determina quién accede a oportunidades y quién queda excluido. Ignorar estos factores sociales significa perpetuar la exclusión”, explica la magíster de la UNAL. 

Barreras socioeconómicas y físicas

Manotas Llanos crees que estas restricciones "no solo es una falla técnica, es una forma de exclusión que limita la autonomía y la participación plena de las personas en la ciudad”.

Y ni hablar de la zona horaria. Por ejemplo, hay rutas que dejan de funcionar antes de 8 de la noche, lo que limita a ciertas personas que se encuentren de regreso a casa, se dirijan a su trabajo nocturno, o incluso, a quienes decidan hacer vida cultural a esa hora.

Según la investigadora, estas dificultades no son propias de Barranquilla. Ciudades como "Bogotá, Cali y Medellín persisten problemas de cobertura, frecuencia y accesibilidad. En la capital del país la medición más reciente de “Bogotá cómo vamos”, solo el 38,8 % de los usuarios de TransMilenio expresaron estar satisfechos con el sistema. Dicha cifra evidencia que las carencias no se limitan a un territorio, sino que forman parte de un desafío estructural en la política de movilidad urbana".

El estudio recomienda "replantear la forma en que se evalúa el transporte público, hasta ahora centrada en la eficiencia económica y la conexión de zonas productivas".

Añade que se deban "incorporar criterios socioeconómicos, culturales e identitarios en la planificación de rutas, garantizar accesibilidad universal en todos los modos de transporte, ampliar horarios para facilitar la participación cultural y recreativa, y combatir estigmas territoriales mediante capacitación y protocolos de servicio".

Zona Cero intentó conversar con la gerente de Transmetro, Liliana Rosales Domínguez, para conocer la postura de la entidad al respecto de la investigación, así como el tipo de acciones que se están implementando para eliminar la barrera de exclusión en el servicio, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.